Institucional
Nuestra política criminal
Con el objetivo de abordar de forma eficaz el fenómeno de la criminalidad, el MPA desarrolló una política de persecución penal estratégica para determinar un horizonte de prioridades y acciones en lo relativo a la investigación de delitos. Con estos lineamientos, se proyecta cuáles son los hechos delictivos que se van a jerarquizar a partir del impacto que tienen las conductas ilícitas en toda la sociedad.
Esta política funciona como un marco de referencia que se ajusta al actual contexto histórico y social de la provincia de Santa Fe. Pretende constituirse no sólo como una estrategia institucional para organizar la actividad fiscal, sino también como un instrumento de monitoreo, control y evaluación de las prácticas de persecución penal desarrolladas en el ámbito de competencia del MPA.
El surgimiento de nuevas modalidades criminales requiere un abordaje cada vez más especializado que profesionalice el trabajo con propósitos claramente definidos. Para alcanzar una persecución penal que atienda a estas particularidades, es clave una asignación de recursos que direccione las acciones y que permita detectar los nichos donde operan posibles grupos criminales.
Abordaje especializado
El MPA definió seis ejes de política criminal sobre los que trabaja de manera especializada. Si bien se investigan todos los delitos cometidos en la provincia, los esfuerzos se concentran sobre las áreas que se consideran prioritarias dentro del actual contexto criminal. Para conocer cómo se abordan institucionalmente cada una, desplegá alguna de las siguientes opciones:
Las violencias altamente lesivas constituyen un problema que tiene una presencia importante en los principales centros urbanos de la provincia de Santa Fe desde hace algunos años. La difusión de muertes violentas intencionales y de personas heridas con armas de fuego y las dinámicas que adquieren los eventos en los que se producen requieren que se los aborde como casos complejos, visibilizando los múltiples vínculos que presentan y diseñando estrategias de persecución penal que los tengan en cuenta.
En cuanto a la producción de información, las violencias altamente lesivas representan un indicador fundamental para el MPA porque aproximan a la institución a un conocimiento de la evolución y de las características de los homicidios que se cometen en el territorio santafesino. A través de informes estadísticos de distinta frecuencia -disponibles en la sección Informes institucionales- se presentan datos que, de forma preliminar, permiten realizar lecturas e interpretaciones sobre el estado de situación actual del fenómeno. Estos reportes surgen de la combinación de fuentes judiciales, policiales y del sistema de salud, lo que permite mejorar la calidad del relevamiento y del análisis de la información.
La violencia de género es una problemática central en la agenda de política de persecución penal del MPA. Institucionalmente, se arbitraron distintas acciones tendientes a mejorar los procesos investigativos vinculados a la temática y a profesionalizar los recursos humanos en todas las dependencias de la provincia.
Las cinco Fiscalías Regionales cuentan con fiscales que se dedican especialmente a la investigación de casos de violencia de género y sexual. Además, el MPA tiene un Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios), que ofrece pautas para investigar y litigar de acuerdo a los estándares internacionales aplicables a estos tipos de criminalidad.
El MPA produce información estadística sobre género a través de su Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos, la cual también trabaja en conjunto con otras instituciones públicas para generar datos que aporten al conocimiento de la problemática. Se elaboran informes -disponibles en la sección Informes institucionales- que permiten obtener indicadores sobre delitos contra la integridad sexual; violencia de género y familiar-doméstica; muertes intencionales de mujeres y femicidios; y travesticidios y transfemicidios.
El MPA también dispone de un Consejo de Fiscales de Violencia de Género, integrado por fiscales de las cinco fiscalías regionales, que ofrecen asesoramiento, proponen lineamientos de persecución penal y plantean necesidades en términos de capacitación.
Una de las áreas priorizadas dentro de la política de persecución penal del MPA es la de violencia y corrupción institucional. Estos tipos de criminalidad ocurren cuando interviene personal de la fuerza de seguridad en la comisión de un hecho ilícito, como la Policía o el Servicio Penitenciario de la provincia. Si los delitos suceden en el territorio santafesino, las investigaciones también pueden incluir a miembros de la Policía Federal, la Prefectura Naval o la Gendarmería Nacional.
Cuatro de las cinco Fiscalías Regionales cuentan con unidades fiscales especiales que investigan delitos vinculados a la temática. A su vez, en el ámbito de la Fiscalía General se está conformando un Consejo de Fiscales sobre Violencia y Corrupción de miembros de Fuerzas de Seguridad, integrado por fiscales de las cinco Fiscalías Regionales, que tiene por objetivo brindar asistencia técnica, asesoramiento y elabora protocolos de intervención y guías de actuación.
Además, el MPA produce información estadística que permite una aproximación al conocimiento de la problemática a través del análisis de casos de homicidios. Los resultados se materializan en reportes que se constituyen como indicadores del fenómeno y que están a disposición de la ciudadanía en la sección Informes institucionales. Se abordan aquellos hechos en los que el ejercicio intencional de la violencia policial produce la muerte de una persona a partir de un análisis que contempla eventos con dinámicas, motivaciones y contextos muy variados.
Los delitos complejos y la criminalidad organizada son áreas priorizadas en la política de persecución penal del MPA. En el ámbito de la Fiscalía General se trabaja en la conformación de un Consejo de Fiscales de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada, integrado por fiscales de las diferentes Fiscalías Regionales. El Consejo puede proponer lineamientos de persecución penal, guías de actuación y protocolos de intervención que permitan dar respuestas en la materia.
El MPA desarrolló políticas para fortalecer la persecución penal de la criminalidad rural, una problemática creciente en la región. Dentro de las acciones realizadas, firmó un convenio específico de abordaje integral con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Este acuerdo interinstitucional pretende generar instancias de producción de información para diseñar acciones de prevención e implementar estrategias específicas de investigación penal.
En el marco de esta política de vinculación, se elaboró un Instructivo para la documentación de la noticia criminal por delitos rurales. Se trata de una herramienta que fija pautas para mejorar la calidad de las tareas investigativas con el objetivo de fortalecer la capacidad cognoscitiva y técnico-jurídica institucional del entorno en el que se interviene. Así, pretende orientar la prevención policial y la persecución penal conforme a la información generada y a la definición de estándares de trabajo.
Para el MPA, es central el abordaje de la violencia delictiva en todo el territorio provincial. Por esta razón, a partir de acuerdos y convenios con otras instituciones, implementó un dispositivo de intervención multiagencial. Esta iniciativa es novedosa en el campo de las políticas públicas y permite obtener información actualizada sobre cómo funcionan los entramados de la violencia altamente lesiva. Atiende a la territorialización y se focaliza en las intervenciones del Estado en todos sus niveles para mejorar la resolución de los conflictos penales.
El abordaje que propone el dispositivo requiere del compromiso de todas las instituciones participantes en lo que tiene que ver no solo con la ejecución de medidas punitivas, sino también con la prevención del delito a partir de un análisis de sus causas y consecuencias. Así, se pretende mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía con la disminución de la violencia delictiva y el desarrollo de una persecución penal estratégica articulada en territorios priorizados.
La iniciativa se despliega a partir de cuatro componentes de intervención: seguridad, regulación y control; desarrollo sociocomunitario; desarrollo urbano ambiental; y estrategias comunicacionales. Entre las actividades previstas, también se llevaron a cabo tareas de capacitación para los agentes del gobierno provincial, de las municipalidades y del MPA También se implementó un monitoreo para el seguimiento del equipo de trabajo.
