Actualizada: Jueves 18 de Noviembre de 2021

Procuradores y Fiscales Generales de todo el país se reunieron en Santa Fe

Fue en el marco de la asamblea anual ordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos. Emitieron una declaración que se adjunta al final de esta noticia. Jorge Baclini fue elegido vicepresidente del Consejo Federal de Política Criminal. ~

Procuradores y Fiscales Generales de todo el país se reunieron hoy en la ciudad de Santa Fe. Fue en el marco de la asamblea anual ordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos del país.

 

 

Los funcionarios judiciales eligieron a las nuevas autoridades del Consejo Federal de Política Criminal. En tal sentido, hasta noviembre de 2023 el presidente será el Procurador General de Río Negro, Jorge Omar Crespo; el vicepresidente primero, el Fiscal General del MPA, Jorge Baclini; y el vicepresidente segundo, el Procurador General de Chaco, Jorge Canteros.

 

 

Baclini, por su parte, valoró la designación y agradeció a sus pares por haberlo elegido vicepresidente.

 

 

Además, se renovaron las autoridades del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales. El presidente continuará siendo el Procurador General de Mendoza y los vicepresidentes serán el Ministro Fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez; y el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena.


 

Declaración

 

Como resultado de la asamblea, los Procuradores y Fiscales Generales de todo el país elaboraron un documento denominado “Declaración de Santa Fe”, en el que sostienen lo siguiente:

 

“En la Provincia de Santa Fe, capital del mismo nombre, a los 18 días del mes de noviembre del año 2021, reunidos en Asamblea Anual Ordinaria, los Procuradores y Fiscales Generales de la totalidad de las provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos, declaramos:

 

 

I) Que a partir de la conformación de los Consejos y los intereses que ellos representan , hemos adoptado como propia la cultura de la tolerancia, el diálogo y el respeto por el otro ,articulando en todos los casos con las autoridades que conducen los distintos estamentos del Estado.

 

 

II) Que a largo de nuestra historia institucional, hemos levantado nuestra voz cada vez que racionalmente hemos entendido que los Ministerios Públicos Fiscales corrían peligro de ser condicionados en su actuación por los motivos o la finalidad que fuere.

 

 

III) Que en esta oportunidad, consideramos necesario y vital convocar a la prudencia y recato a todos aquellos que, ostentando representación política de importancia, pretenden descargar la responsabilidad que les incumbe en razón de su función en orden a la seguridad ciudadana, en las espaldas de los Ministerios Públicos Fiscales, trasladando y tergiversando las incumbencias establecidas por la Constitución y las leyes.

 

 

IV) En este sentido, es menester advertir que el cuestionamiento infundado y malicioso hacia los Ministerios Públicos Fiscales en razón del despliegue de su actividad investigativa, genera un desprestigio institucional injustificado, que conduce a un descreimiento social y al favorecimiento del libre accionar de las mafias delictivas.

 

 

V) Que asimismo, deseamos reiterar la grave situación de debilidad a la que ha sido expuesto el Ministerio Público de la Acusación en la Provincia de Santa Fe a partir de haberse colocado el régimen disciplinario de sus integrantes, en manos de un poder político ajeno al organismo de la acusación. La situación de fragilidad generada por esta circunstancia, limita claramente su funcionamiento y expone una realidad institucional inadmisible.

 

 

VI) Que, de igual modo, deseamos recordar que resulta inapropiado y ajeno a la naturaleza del instituto, la pretensión de enjuiciar a los miembros del Ministerio Público Fiscal en razón de cuestionamientos vinculados con sus opiniones jurídicas. La corrección de posibles desaciertos de esta índole, tiene remedios procesales establecidos en las normas de rito, y su solución resulta ajena al procedimiento de remoción de los fiscales.

 

 

La cuestión se agrava cuando los pedidos de enjuiciamientos resultan contemporáneos a la investigación y juzgamiento de personas vinculadas a la vida política, como sucede en las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe, por ejemplo.

 

 

VII) Que, por último, deseamos destacar que los Ministerios Públicos Fiscales despliegan una función esencial y constante todos los días del año, que se ve reflejada en el reconocimiento social que de manera cotidiana reciben sus miembros, que, aún en conciencia del riesgo personal que asumen a partir de sus investigaciones, trabajan sin descanso en aras del cumplimiento eficiente de su función”.

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