Actualizada: Jueves 01 de Agosto de 2019

La Cámara Penal de Vera declaró la legalidad de una detención que había sido cuestionada porque el fiscal no invocó los peligros procesales

La resolución de segunda instancia hace lugar a una apelación presentada por el fiscal Leandro Mai. También afirma que la orden del funcionario del MPA “goza de indiscutible legalidad” y “de razonabilidad para asegurar los fines del proceso”.   ~

La Cámara Penal de Vera declaró la legalidad de dos detenciones dispuestas por el fiscal Leandro Mai y que habían sido rechazadas en primera instancia por no invocar los peligros procesales. La resolución del tribunal de Alzada fue emitida a raíz de un recurso de apelación presentado por el propio Mai.

 

 

“No corresponde, bajo esas circunstancias y etapa procesal, calificarla de arbitraria”, sostiene la Cámara en relación a la orden del fiscal Mai. En tal sentido, agrega que no hay “margen de dudas para declarar que la medida dispuesta (…) goza en el caso que nos ocupa, no sólo de indiscutible legalidad, sino también, frente a las especiales circunstancias, de razonabilidad para asegurar los fines del proceso”.

 

 

La Alzada también entiende que “en cuanto a las formas, el control jurisdiccional debe verificar ‘que haya existido orden escrita del fiscal –en los casos pertinentes–; que al momento de ordenar la detención estuvieran configurados los requisitos legales de la misma; que en caso de flagrancia no se haya hecho uso abusivo de la fuerza física; que se hayan respetado los plazos legales; eventualmente, en caso de prórroga, que la misma haya sido motivada, y que se haya consignado el lugar de detención’, circunstancias todas estas, que examinadas por este Tribunal en mérito a la documental aportada, no evidencian –prima facie– transgresión alguna de los imperativos regulados por el procedimiento”.


 

Facultades

 

“Cuando presentamos la apelación sostuvimos que el MPA posee facultades para ordenar detenciones y trajimos a colación el fallo “Ezequiel Ramírez” de nuestra Corte Suprema de Justicia Provincial”, sostuvo Mai. El funcionario del MPA recordó “la vigencia del artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 9 de la Constitución de Santa Fe” y agregó que “en su rol de principal actor de la acción penal preparatoria, el MPA tiene facultades para disponer de esas medidas de coerción personal”.

 

 

Mai también argumentó que “el artículo 217 del Código Procesal Penal de nuestra provincia es muy claro y no refiere a la invocación de los riesgos procesales, los cuales deben plantearse en otra instancia procesal”. También hizo hincapié en la resolución de la Cámara y destacó que “es importante para la actividad de los fiscales en toda la provincia y sienta un precedente para que no se afecte el debido proceso”.


 

El caso

 

Mai libró la orden de detención –que ahora la Cámara Penal concluye que fue legal– el miércoles 2 de enero de este año en perjuicio de dos hombres mayores de edad cuyas iniciales son FOG y JRC, respectivamente. FOG es investigado como autor de los delitos de amenazas agravadas en concurso real con resistencia y desobediencia a la autoridad. Por su parte, JRC es investigado como autor de amenazas agravadas, violación de domicilio, resistencia y desobediencia a la autoridad, en concurso real.

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